– El PP ha introducido una enmienda, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, que afectará a los empleados con contratos indefinidos despedidos en empresas de menos de 25 trabajadores.
En los contratos de carácter indefinido celebrados por empresas de menos de veinticinco trabajadores, cuando el contrato se extingue por motivos objetivos o procedentes, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ya no abonará al trabajador una parte de la indemnización en cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2014 serán las propias empresas, cuando sean solventes, quienes asuman ese pago, según una enmienda presentada por el PP en el Senado.
El Fogasa es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que garantiza a los trabajadores la percepción de salarios, así como las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral, pendientes de pago a causa de insolvencia o procedimiento concursal del empresario.
El portavoz adjunto del PP en el Congreso Rafael Merino, ha explicado que ese cambio no va a afectar a los 180.000 expedientes que actualmente están en tramitación, que «para nada están paralizados», y tampoco conllevará «supresión o reducción de ningún derecho económico de los trabajadores, ya que no se afectará para nada a las empresas insolventes, donde se mantiene absolutamente la participación del Fogasa en el pago de las indemnizaciones».
«Lo único que se pretende es que las empresa solventes paguen la indemnización completa a los trabajadores, y no como pasa ahora, que parte lo paga la empresa y parte el conjunto de los españoles a través del Fogasa. No tiene sentido que el conjunto de los españoles tenga que pagar parte de la indemnización de una empresa con beneficios», ha insistido Merino.
Por su parte, el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, ha estimado que, con datos de la memoria del Fogasa de 2012, la eliminación del pago directo de parte de las indemnizaciones en empresas de menos de 25 años supondrá un ahorro de 314 millones de euros. Las prestaciones abonadas por el Fogasa el año pasado afectaron a 254.931 trabajadores, lo que se corresponde con un total de 84.257 empresas.
Para Cepyme (Confederación de la pequeña y mediana empresa), esta iniciativa «generaría un perjuicio —sobre todo en términos de competitividad— muy superior al ahorro que pudiera representar, justamente en unos momentos en los que las pymes deben desempeñar un papel esencial en el proceso de recuperación de la economía». Cabe recordar que el Fogasa ha financiado durante los dos últimos años, por este concepto, a casi 200.000 trabajadores de 110.000 pymes, con una aportación de unos 300 millones de euros anuales.
(Noticia extraída de ABC)